12/03/2016

Argentina: Al que estudia la Justicia lo ayuda

Un joven que solicitó que se extienda la obligación alimentaria, ya que se encuentra cursando una carrera universitaria y sufre una enfermedad crónica. La justicia de Salta hizo lugar al pedido mientras éste realice regularmente sus estudios universitarios y hasta que cumpla los 25 años.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta dispuso la extensión de la obligación alimentaria del padre a favor de su hijo mientras éste curse regularmente sus estudios universitarios y hasta que cumpla los 25 años de edad.

En los autos "C;J.A. vs. C; M.E. por Cese de Cuota Alimentaria" el apelante solicitó que se extienda la obligación alimentaria, ya que se encuentra cursando una carrera universitaria, sufre diabetes tipo 1 -insulina dependiente- y no trabaja ni presta servicios.

En este marco, el tribunal recordó el artículo 663 del nuevo Código Civil y Comercial, que establece la “obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”.

Específicamente, los jueces destacaron que “la educación es hoy el mejor modo de facilitar la inclusión de los jóvenes al mercado laboral y constituye una herramienta niveladora que favorece la igualdad”, y añadieron: “La aspiración de la joven apelante a alcanzar una capacitación universitaria que le permita desarrollarse como persona y obtener una salida laboral reviste trascendental relevancia” (subrayado nuestro).

Para los magistrados, “la factibilidad de trabajar no debe ser entendida en abstracto, pues no enerva el deber alimentario cuando se verifica un supuesto de imposibilidad concreta relacionada con las necesidades educativas actuales, que finalizarán con la obtención del título pretendido (…)”.

Además, resaltaron que “el tiempo necesario para el estudio de las distintas materias de la currícula de la carrera elegida hacen presumir la imposibilidad para el recurrente de desarrollar una tarea rentada que no conlleve implícito el abandono de sus estudios terciarios”, y consideraron también las “dificultades de empleo por las que atraviesa el país que resultan de público y notorio conocimiento”.

“Tampoco se encuentra acreditado que la necesaria asistencia económica durante un lapso razonable para finalizar los estudios exceda las posibilidades del obligado. El abandono de los estudios o la pérdida de la regularidad establecida para la carrera acreditada provocará la cesación de la obligación alimentaria”, concluyó el fallo. 

12/02/2016

El Poder Judicial de Ecuador: un reciente libro pone al descubierto los peores fallos

Un libro publicado por el Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, y la Federación Interamericana de Abogados de Washington, D.C. pone al descubierto algunas de las peores sentencias del Poder Judicial de Ecuador, después de su reforma de 2011 - 2013. El libro es una nueba muestra del trabajo que queda por delante para lograr un Poder Judicial auténticamente independiente del gobierno e imparcial en las decisiones judiciales que adopta.

El libro compila seis estudios de casos de violaciones de los derechos humanos en Ecuador cuyo denominador común—tal como sugiere el título—son los Fallos judiciales que violan derechos humanos en Ecuador. Los seis casos fueron seleccionados por algunos de los académicos más prestigiosos del Ecuador en materia de Derecho constitucional, penal y materias conexas. En cierto modo, estos casos constituyen una actualización del estudio de casos realizado por Luis Pásara en su informe de 2014 para DPLF sobre la Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana.

Los casos ilustran cómo el gobierno ecuatoriano ha logrado convertir al Poder Judicial en un fiel aliado en su represión de toda disidencia, o siquiera crítica, de la línea política oficial. En el caso de los “Diez de Luluncoto”, el gobierno consiguió que los tribunales avalaran la detención y sanción de diez jóvenes que estaban planificando una marcha de protesta indígena con el argumento de estar planificando “atentados terroristas”, algo absurdo en las circunstancias concretas del caso, que versaba sobre una marcha pública y pacífica. En el caso de Sebastián Cevallos se profirió una condena penal por haber enviado un tuit en que insinuó que una alta funcionaria pública había obtenido su cargo gracias a sus conexiones familiares, y no a través de un concurso público tal como exige la ley ecuatoriana. En otra sentencia sorprendente, Francisco Endara fue condenado criminalmente “por aplaudir”—literalmente—durante unas protestas contra el gobierno, en aplicación del delito de “paralización de servicios públicos”. El libro también recoge el caso de los “29 de Saraguro”, en que dos personas indígenas fueron condenadas a cuatro años de prisión por organizar una manifestación indígena en la carretera Panamericana. El caso de los medios de comunicación TC y Gamavisión ilustra cómo el gobierno expresó públicamente su crítica a la absolución penal de los dueños de dichos medios, destituyeron a los jueces, y pusieron otros nuevos jueces, amigos del Presidente, que condenaron a los dueños a ocho años de cárcel. La misma injerencia hubo en el caso de los doce estudiantes del Colegio Central Técnico. Si bien, al inicio, tanto la fiscalía como la juez competente no veían delito alguno en organizar una protesta pública contra el cambio de nombre su colegio, el Presidente de Ecuador personalmente ordenó a la juez que se revocara esta decisión y que los estudiantes fueran sancionados penalmente por su manifestación. Dos días más tarde, la fiscalía reanudó el juicio y los jueces condenaron a los estudiantes por el delito de “rebelión”.

La lectura de estos casos, que hablan por sí mismos, sugiere que en América Latina ha nacido una “nueva generación” de violaciones de los derechos humanos, que son las que se producen esencialmente dentro de los aparatos judiciales de los Estados. Los gobiernos o autoridades que desean causar daños a una persona formulan “cualquier” tipo de acción judicial en complicidad con fiscales y jueces a su servicio. Una vez iniciado el procedimiento, la ineficacia y la falta de independencia de las estructuras judiciales en algunos países de América Latina, como por ejemplo en Ecuador, destruyen la vida y la dignidad de sus víctimas. Los tribunales de justicia se han transformado así en cómplices de gobernantes abusivos y autoridades públicas corruptas.

12/01/2016

¿Huestes de la qué?

Por Germán Vargas Farías.

El himno escogido para el cierre de la ceremonia que se realizó ayer en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince no podía ser otro: "Firmes y Adelante" es un canto convocante, que llama a la unidad y que invita a pelear con la certeza de la victoria. Los enemigos temblarán, autoridades y gobiernos caerán, la victoria -de las huestes de la fe- nada ni nadie impedirá.

Allí estaban estaban los guerreros (no voy a decir y guerreras porque eso es lenguaje inclusivo y según ellos “ideología de género”) Santana, el revocador Linares,  Rosas padre y Rosas hijo, un sacerdote católico que no alcancé a reconocer, el alcalde Castañeda Lossio y refuerzos internacionales como la diputada colombiana Ángela Hernández, para testimoniar que es posible estorbar objetivos tan importantes como la paz en un país con más de 50 años en guerra, si se apela a temores y prejuicios.

En medio de singulares personajes, lo que se dice es lo mismo que Cipriani y otros repiten en el Perú desde hace algunos años, sin que nadie pueda exigir el copyright de esos discursos pues son los que redundantemente se leen y escuchan en México, Guatemala, Colombia y varios otros países de la región.

Están en pie de lucha y se han reunido para hacérselo saber a todos, firmando un manifiesto que han llamado Declaración de Lima, que es una versión abreviada de la que un grupo de líderes ortodoxos, católicos y evangélicos, suscribieron hace 7 años en Nueva York, a la que llamaron Declaración de Manhattan. En realidad, siguiendo el ejemplo estadounidense lo que correspondía era que aquí se llamara Declaración de Lince, pero parece que a nadie se le ocurrió.

Una y otra declaración proclaman el compromiso de estos religiosos, y no tan religiosos (Castañeda por ejemplo), de defender la vida, la familia y la libertad de religión. Es posible que usted no los haya visto defendiendo la vida de las víctimas de Putis o Lucanamarca, protestando por las torturas de Alberto Fujimori contra su ex esposa, o reclamando libertad religiosa para los integrantes de la comunidad LGBTI que son echados de sus iglesias, pero son ellos los garantes de la moral y la decencia, los que no tendrán problemas para decir categóricamente que respetan los derechos de los homosexuales, pero rechazan sus “privilegios”.

¿Cuáles son esos provilegios?, los mismos que tiene usted y tengo yo, y que llamamos derechos. Pero si se trata delesbianas, gays, bisexuales, tráns e intersexuales, tampoco, tampoco. Allí está nuestro derecho a la “objeción de conciencia” para oponernos.

Están saliendo a las calles en marchas y plantones, para gritar escandalizados que se quiere ´homosexualizar’, ´sodomizar` las ciudades y el país, y allí están los textos para probarlo. ¡Qué es eso de “caperucito rojo”!, no han leído las propuestas pedagógicas y si lo han hecho no las entienden, pero allí están prestos para repudiarlas.

"No te metas con mis hijos” es una de sus consignas de batalla, fastidiados porque desde la educación en nuestro país se les quiere enseñar a reconocer que todas las mujeres y todos los hombres son diferentes, y no existen razones para pretender que unas y otros deben comportarse de la misma manera. Están mortificados porque se habla mucho de no discriminar, y porque se atreven a sugerir que hay personas que sienten atracción por otras del mismo sexo.

Así como, reclaman estos religiosos y no religiosos, ningún poder en la tierra, sea este cultural o político, puede ni debe reducirlos al silencio o a la aceptación sumisa o  violación de sus conciencias, tampoco pueden ellos negar los derechos de otras personas y pretender que se queden callados y resignados frente al abuso y la indignidad

Dicen los líderes religiosos en la Declaración de Manhatan que darán “al César lo que es del César, en todo y con generosidad, pero bajo ninguna circunstancia le daremos al César lo que es de Dios". Por la forma como se comportan,tengo serias dudas sobre sus discernimientos.  Exaltados por la presunta reducción de la que son objeto, parecen empeñados en reducir a Dios.

CIDH comienza audiencias públicas en Panamá

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra desde el día de hoy el 159º Periodo de Sesiones, audiencia públicas en la ciudad de Panamá. Puede seguir las audiencias en vivo: http://www.oas.org/es/cidh/

El Estado peruano también estará presente en las siguientes audiencias públicas: 
Lunes 01 de diciembre, 9:00am: Caso 12.982 Luis Alberto Rojas Marín (Fondo) vs. Perú.
Participantes: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) / Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) / The Redress Trust (REDRESS).
Estado de Perú.

Viernes 2 de diciembre:

- 8:30am: Denuncias de violaciones de derechos humanos de las mujeres en el contexto de actividades extractivas en Perú.
- 9:45am: Política del Estado peruano en materia de derechos humanos.

El calendario de audiencias:

OEA: Derechos humanos de las mujeres que viven con VIH en las Américas

En conmemoración del Día Internacional de la Zero Tolerancia a la Discriminación, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA (ONUSIDA) lanzaron el informe hemisférico sobre la situación de derechos humanos de mujeres viviendo con VIH en el continente.

El informe servirá para informar las discusiones entre los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus aliados sobre los retos que suponen las desigualdades de género para la respuesta al VIH y las acciones necesarias para implementar a escala y crear estrategias que permitan a las mujeres positivas ejercer su derecho a un trabajo digno, educación, vivienda, salud, protección social, información, participación social y política, y a vivir libres de estigma, discriminación y violencia.