10/01/2016

Constitucional México: adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo en Campeche

Apartir de ese lunes, cualquier pareja conformada por personas del mismo sexo y haya contraído una sociedad de convivencia en el estado de Campeche podrá adoptar a un menor de edad, sin importar el hecho de quienes conformen dicha unión o que a esta figura jurídica se le haya negado, de manera explícita, la posibilidad de adoptar, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras publicar nueve tesis jurisprudenciales en el Semanario Judicial de la Federación el pasado viernes.Dichas tesis surgieron a partir de la revisión de la acción de inconstitucionalidad 8/2014, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche, ante el contenido del artículo 19 de la Ley de Sociedades de Convivencia del Estado, que prohibía a las parejas de convivientes adoptar menores. La primera advierte que el principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico por lo que cualquier contenido discriminatorio, con respecto a los derechos reconocidos en la Constitución, es incompatible con ésta.

La segunda señala que si bien los Congresos de cada estado pueden establecer las normativas de su entidad, éstas deben ceñirse a los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia.

La tercera, referente al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, indica que las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral.

La cuarta tesis define al estado civil como la situación personal del individuo, de si se encuentra solo o en pareja y, dentro de esta última situación, si lo está de iure o de facto, y a la libertad personal, la dignidad y la libertad de pensamiento de la persona.

La quinta advierte que si bien pueden existir distinciones en los derechos y obligaciones entre los diferentes estados civiles, se debe determinar si estas son o no discriminatorias, si no son categorías sospechosas y si tienen justificación constitucional.

La sexta define a las categorías sospechosas como un factor prohibido de discriminación y establece que al detectar que una norma hace distinción, se debe aplicar un examen de igualdad en el que se determine si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional o si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa.

La séptima afirma que pertenecer a un estado civil no pone en riesgo el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de circunstancias como posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad, y no puede atender, de ninguna manera, a la orientación sexual del adoptante o adoptantes.

La octava recalca que el punto fundamental a considerar en una adopción es el interés superior del niño, niña o adolescente, con la intención de que éste forme o se integre en una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo, derechos todos inherentes a su persona. Por esta razón, la idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al menor de edad, para incluirlo a una familia, y no puede atender, de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo de estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de convivencia), ni por cierta orientación sexual.
 
La última tesis resalta que la Ley de Sociedad de Convivencia, al excluir a los convivientes de la posibilidad de ser considerados como adoptantes y de compartir la patria potestad con base en la categoría sospechosa de estado civil, viola el principio de igualdad y no discriminación. Además, la carga discriminatoria de la norma es clara, pues la sociedad civil de convivencia es el único estado civil en el Estado de Campeche que tiene prohibido adoptar y compartir la patria potestad.
Fuente: http://desdepuebla.com/constitucional-adopcion-de-menores-por-parte-de-parejas-del-mismo-sexo-en-campeche-suprema-corte/154149/

9/30/2016

Estados Unidos: Informe sobre la trata de personas 2016

El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda al Estado peruano mayor presupuesto para combatir la trata de personas, así lo reportó en el capítulo sobre Perú en el último Informe sobre la "Trata de Personas 2016", publicado en junio de este año.

En dicho informe, Perú se encuentra en el nivel 2, es decir: "Aquellos gobiernos que no cumplen plenamente con las normas mínimas para proteger a las víctimas de trata de personas, pero que están haciendo esfuerzos significativos".

"Si hay un solo tema, Trata de Personas (TIP), este año, es debido a la convicción de que no hay nada inevitable acerca de la trata de seres humanos". Esta convicción es donde realmente comienza el cambio - con la comprensión de que sólo porque cierto abuso ha sucedido en el pasado no significa que debemos tolerarlo en el futuro. En lugar de ello, debemos preguntarnos ¿Y si esa víctima de trata es mi hija, mi hijo, mi hermana o hermano?

"El informe sobre la Trata de Personas (TIP) de este año hace ésas preguntas, porque acabar con la esclavitud moderna no es solo una lucha que debemos intentar - es una lucha que debemos y podemos ganar"

"El informe TIP es el producto de un esfuerzo de un año que requier contribuciones y el seguimiento de los empleados en los Estados Unidos y de nuestros puestos diplomáticos alrededor del mundo, los gobiernos y la sociedad civil", dijo John F. Kerry, Secretario de Estado.


Fuente Departamento de Estado de Estados Unidos: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/index.htm

UE: Prevenir que las personas caigan en las redes de tratantes debe ser una prioridad

La Unión Europea llamó a poner en práctica las herramientas legales disponibles contra la trata de personas en la región, legislaciones que son por lo general fuertes y ambiciosas, además de invertir en acciones para prevenir ese delito.

En una reunión sobre el tema celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, Myria Vassiliadou, coordinadora contra la trata de personas en la Comisión Europea, delineó las prioridades básicas para abordar esa problemática.

Señaló, entre ellas, la reducción de la vulnerabilidad de las personas, sin olvidar los derechos de las víctimas, además de perseguir a los traficantes.

A su vez, animó a reducir la demanda de esas formas de explotación, insistiendo en que la trata ocurre porque alguien compra a las personas y porque el negocio es extremadamente rentable para los traficantes.

"Cuando salvamos a una víctima nos sentimos muy bien. Pero desde la perspectiva de la víctima, llegamos un poco tarde. Es en la prevención donde necesitamos concentrarnos. Debemos, ante todo, asegurarnos de que no les ocurra. Cerciorarnos de que no estén encerrados en una fábrica produciendo bienes baratos para que los disfrutemos, o bien, que no sean violadas miles de veces antes de que digamos que aparentemente las salvamos", enfatizó la experta.

Vassiliadou instó, finalmente, a orientarse en el seguimiento de las ganancias de esas redes de criminales, que muchas veces involucra a sectores legales en negocios tanto regulares como irregulares.

Durante la Conferencia de Alto Nivel  sobre Refugiados y Migrantes se acordó un documento denominado "Declaración de Nueva York", esta hace un llamado a aquellos países que pueden asegurar el reasentamiento o la reunificación de muchos más refugiados para que así lo hagan. También insta a aquellos que están en la parte más rica del mundo a reconocer su responsabilidad de proporcionar financiación humanitaria oportuna y confiable a invertir de forma robusta en las comunidades que acogen a una gran número de refugiados. Los países de acogida están llamados a aumentar las oportunidades para que los adultos refugiados puedan trabajar y para que los niños vayan a la escuela. La Declaración compromete a los gobiernos a abodar mejor los factores que desencadenan las cifras record de desplazados forzados en el mundo.

9/29/2016

Un verdadero Defensor

"A Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo, por su compromiso firme y coherente en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia. Con gratitud y admiración, Paz y Esperanza”. Ese fue el texto que inscribimos en el presente que le entregamos el 19 de enero del presente año, cuando con ocasión del vigésimo aniversario institucional de Paz y Esperanza quisimos reconocer en personas como el doctor Vega los valores que nos inspiran.
Ese día Eduardo nos dijo, sin ningún atisbo de queja por cierto, que era la primera vez que le ofrecían un reconocimiento público, y lo noté naturalmente emocionado pero especialmente agradecido. Estaban allí amigos y amigas con quienes, desde muy joven, había compartido inquietudes y servicios relacionados con los derechos humanos, y fue entonces oportunidad para recordar hechos, personas y, para decirlo más precisamente, un tiempo para conmemorar la amistad y el compromiso.
El compromiso al que me refiero es ese que denota preocupación por nuestro prójimo y convicción que la vida adquiere un mejor sentido cuando se dedica a servir a los demás. Particularmente a aquellos a quienes se les desconoce dignidad y niega derechos. A Eduardo lo conocimos así, involucrado desde la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) en la atención de las personas encarceladas, en un contexto muy complicado para el país, donde entre aquellas había miles de injustamente recluidas.  
Difícil hablar de inocentes en tiempos que una simple sindicación o sospecha convertía a cualquier ciudadano en terrorista, y podías estar caminando de regreso a tu casa o dirigiéndote a tu centro de estudios, trabajo o cualquier otra parte, y llegar pocos días después a una celda luego de un kafkiano proceso, con una muy probable condena de 20 años de cárcel en el mejor de los casos.  
No era fácil, entonces, dedicarse a un asunto como ese, pero ineludible para quienes –como Eduardo- sabía reconocer los lugares donde había personas que experimentaban con mayor gravedad  la injusticia y el despojo. Con Eduardo y otros amigos y amigas anduvimos llamando la atención para que se mejore las condiciones de reclusión de todas las personas encarceladas, y fue así que constituimos una mesa interinstitucional para analizar la problemática y plantear alternativas a la realidad penitenciaria, a la vez que organizábamos campañas de solidaridad, entre otros esfuerzos.
Tiempo después, en 1996, Eduardo ingresa al equipo de la Defensoría del Pueblo, y desde allí empieza una carrera desde la cual exhibe esa firmeza y coherencia que hoy, 20 años después, y desde siempre, se le reconoce y aprecia.  
Eduardo Vega ha sido clave en una institución que ha sabido jugar el rol para el que constitucionalmente fue creada. Durante toda su trayectoria, y más nítidamente cuando fue elegido primer adjunto de la institución y en los cinco años que ejerció como Defensor del Pueblo, supo honrar la función que se le encargó, siendo merecedor del respeto ciudadano que la institución y él mismo consiguió. 
Que no haya estado entre los candidatos a Defensor del Pueblo, en la lista del actual Congreso de la República, es señal inequívoca de su idoneidad.  Un funcionario decidido, que no vaciló ante la arbitrariedad, y que trabajó perseverantemente para defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, es incómodo para quienes prefieren un Estado ambivalente y permeable a sus intereses.      
El reconocimiento público que acertadamente le ofrecimos en enero fue el primero, pero ya le han brindado otros que sin duda merece una persona como él. Con la sencillez de siempre, comprometido, firme y coherente, hemos tenido en Eduardo Vega un verdadero Defensor.
Por Germán Vargas Farías

9/28/2016

Expertos de las Naciones Unidas solicitan abolir las leyes restrictivas del aborto

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó a los Estados a derogar las leyes y políticas restrictivas relacionadas con el aborto, así como las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios de salud reproductiva.

En el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, que se celebra el 28 de septiembre, los expertos recordaron que unas 47.000 mujeres mueren anualmente por complicaciones debidas a prácticas inseguras de interrupción del embarazo.

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también indican que cada año se llevan a cabo cerca de 22 millones de abortos inseguros en el mundo y que esta práctica se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Y, según organizaciones internacionales 4 millones de mujeres abortan cada año en América Latina y más del 90% de estos abortos son inseguros.

Los especialistas en derechos humanos afirmaron que la penalización del aborto y la denegación del acceso a servicios adecuados para interrumpir un embarazo no deseado son formas de discriminación de género.

Asimismo, expresaron alarma por el sometimiento a procesos judiciales o encarcelamientos que sufren en algunos países las mujeres que buscan servicios de salud relacionados con un aborto, así sea espontáneo. 

Por ejemplo, América Latina y el Caribe tienen algunas de las leyes más restrictivas del mundo. Siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones están en la región: El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam, Haití y Chile.

Para Juan Méndez, Relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, "Varios países latinoamericanos y otras países del mundo prohiben y criminalizan el aborto bajo cualquier circunstancia, eso es lo más grave. Pero aún en los países dónde bajo ciertas circunstancias se descriminaliza el aborto es muy necesario que el estado garantice, que la sociedad misma no reprima el aborto con conductas como por ejemplo, negar servicios a mujeres que lo solicitan o someterlas a un trato inhumano y cruel precisamente porque solicitan el servicio de reproductivo. Aunque el aborto no está legislado específicamente por el derecho internacional de los derechos humanos, está claro que la negativa a proveer servicios reproductivos a las mujeres que no quieren tener el hijo resulta en trato cruel, inhumano y degradante para las personas que están obligadas a mantener el embarazo aún en caso de violación o de daño para la salud de la mujer o del niño por nacer".

"Esta claro que la prohibición absoluta que ha regido en muchos países durante muchos años no ha sido eficaz en suprimir la práctica concreta del aborto, lo único que ha conseguido es sumergir a las práctivas abortivas a una especia de bajo mundo y clandestinidad donde las únicas víctimas son las mujeres", dijo Juan Méndez.

Violación sexual, según los especialistas, los Estados deben permitir a las niñas y adolescentes mujeres poner fin a un embarazo no deseado, para no exponerlas a un riesgo mayor en el futuro. En ese sentido, compartimos resumen de lo que  el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas señala sobre el aborto y los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes:
Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/09/expertos-solicitan-abolir-las-leyes-restrictivas-y-medidas-punitivas-en-relacion-con-el-aborto/#.V-wKBPDhDIU