Las organizaciones internacionales de sociedad civil que subscriben el presente comunicado, condenan
los actuales juicios políticos que se vienen tramitando en el Congreso
de la República del Perú, con el objeto de inhabilitar y destituir al
Fiscal de la Nación y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, en clara represalia por sus decisiones y acciones adoptadas -de manera autónoma e independiente- en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad por graves violaciones a derechos humanos.
Los juicios
políticos impulsados por el partido político "Fuerza Popular", en la
actualidad con mayoría parlamentaria en el Congreso peruano, son una muestra
de la indebida utilización de mecanismos de control político para
afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia.
A los magistrados del Tribunal Constitucional, se les pretende destituir por haber adoptado
una decisión judicial que favorece el cumplimiento -por parte del
Estado peruano- de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Durand y Ugarte vs. Perú,
que, entre otras obligaciones internacionales, dispone que el Estado
peruano debe investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el año 1986 en el entonces Centro Penitenciario "El Frontón".
Por su parte, el juicio político contra el Fiscal de la Nación coincide con el inicio de las investigaciones sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, hoy condenado y detenido por graves violaciones de derechos humanos y corrupción.
Ambos juicios políticos
se producen cuando en el Perú se sigue debatiendo la posibilidad de
que el actual Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indulte al expresidente Fujimori, lider histórico de Fuerza Popular.
La inusual celeridad
parlamentaria de estos juicios políticos y la ausencia de válidos
argumentos fácticos o jurídicos que los sustenten, constituyen un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú
y ponen en riesgo el equilibrio de poderes que caracteriza a los
sistemas democráticos, pudiendo dar paso a un escenario en que el poder
político es utilizado para garantizar impunidad en temas de
corrupción y graves violaciones a derechos humanos.
Cabe recordar que en el año 2001, el Estado peruano ya fue condenado internacionalmente por actuaciones similares, en la sentencia del caso Tribunal Constitucional vs. Perú,
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se
originó en la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional
por parte del Congreso de la República, en ese entonces también
dominado por una mayoría parlamentaria fujimorista.
Por otro lado, frente al
fuerte rechazo nacional e internacional que han generado estos juicios
políticos, resulta preocupante el silencio de las autoridades del
actual gobierno peruano, que ante la comunidad internacional han asumido
un compromiso público con la lucha anticorrupción, al ser el Perú la
sede de la próxima Cumbre de las Américas dedicada precisamente a
este tema.
En este contexto, las organizaciones firmantes
exhortamos al Congreso de la República del Perú, a respetar la
independencia y autonomía del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de
la Nación, así como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la vez, urgimos al Presidente de la República del Perú, a honrar su compromiso internacional con la lucha anticorrupción y, en coherencia con ello, condenar la utilización de mecanismos de control político
para afectar la independencia y autonomía de altas autoridades del
sistema de justicia peruano que investigan este tipo de casos.
Organizaciones firmantes: Fundación para el Debido Proceso -DPLF
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL
OSicina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA
Robert F. Kennedy Human Rights
Abogados sin Fronteras Canadá
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
Comité de Familiares de Víctimas -COFAVIC, Venezuela.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL
OSicina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA
Robert F. Kennedy Human Rights
Abogados sin Fronteras Canadá
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
Comité de Familiares de Víctimas -COFAVIC, Venezuela.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México.
Fuente DPLF: http://dplf.org/
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