1/29/2017

Lastre nacional por Ronald Gamarra

¿Cómo podría el Sodalicio reconocer responsabilidades y asumir la obligación de reparar por los daños inflingidos a las víctimas, si las denuncias de estas no se fundamentanran en una verdad tan grande como una Catedral?

Después de conocer la decisión de la fiscal María del Pilar Peralta de archivar la investigación que tenía a su cargo sobre los abusos sistemáticamente cometidos por líderes del Sodalicio de Vida Cristiana contra numerosos jóvenes, uno no puede evitar preguntarse una vez más: ¿Para qué diablos sirven las instituciones de justicia en nuestro país? ¿Para qué tenemos fiscales y jueces, de diversos níveles y especializaciones, de de títulos sonoros y rimbombantes, de medallas de diversos colores, si a la hora de la verdad parecen buscar todo tipo de sin razones? para hacerse los de la vista gorda y lavarse las manos como Pilatos?

Decenas de testimonios fueron publicados en uno de los libros más estremecedores publicados en los últimos años en nuestro país: "Mitad monjes, mitad soldados", que documenta una práctica criminal cometida a lo largo de varias décadas por el propio fundador del Sodalicio y varios de sus compinches en el liderazgo de esa organización de la Iglesia Católica. Una comisión nombrada por el propio Sodalicio, después de varios meses de investigación, confirmó la veracidad y el gran número de los casos, y exigió reparación para las víctimas. Los actuales dirigentes del Sodalicio se han visto obligados a reconocer que hubo graves abusos y han repudiado a su fundador.

Inclusive el Sodalicio ya ha reconocido su responsabilidad  y se ha comprometido a pagar reparaciones a algunas decenas de víctimas. Y todo esto, a pesar de los esfuerzos de la cúpula desplegados durante varios años para evadir los hechos y salir airosa con la impunidad de la que siempre ha gozado tal organización. Porque eso era lo que buscaba e incluso para eso nombraron la comisión que terminó reconociendo lo que ellos querían ocultar. ¿Cómo podría el Sodalicio reconocer responsabilidades y asumir la obligación de reparar por los daños inflingidos a las víctimas, si las denuncias de estas no se fundamentaran en una verdad tan grande como una catedral?

Pues bien, a pesar de todo lo anterior, la fiscal Peralta sale a decirnos, en resumen, muy suelta de huesos, que aquí no ha pasado nada, que no hay ni hubo delito, que las víctimas no tienen pruebas de nada, que sus denuncias sólo son palabras que se lleva el viento, que a las víctimas se les nota de buena salud y que sin duda comen tres veces al día ... La justicia y la ley, de espaldas a la vida. El derecho como coartada para la impunidad. Figari, el depredador de innumerables jóvenes, ya puede volver a pasearse tranquilo por Lima como un probo y honrado ciudadano. Sí, pues, el mundo al réves, como debe ser.

La reciente sentencia pronunciada por un tribunal italiano contra el ex presidente Franciso Morales Bermúdez, dictador entre 1975 y 1980, por su participación en los planes homicidas de la Operación Cóndor, en complicidad con las dictaduras de Pinochet, Videla y otros gorilas latinoamericanos, nos recuerda que ese caso estuvo durante 37 años en la más absoluta impunidad en nuestro país, gracias a nuestros fiscales y jueces, que para eso están. Y todavía hay quienes buscan oponer argumentos "nacionalistas" ante una sentencia que no hace más que reparar simbólicamente porque es evidente que, a los 95 años, el exdictador no va a cumplir pena efectiva.

Son innumerables los casos de impunidad e injusticia que existen no solo en la historia sino en la actualidad misma de los sistemas fiscal y judicial. Por eso es legítimo preguntarse si estos sistemas estarán a la altura ante la ola de casos de corrupción que se desata ahora con Odebrecht. Una cosa es segura: si las denuncias por la política sistemática de sobornos de Odebrecht y otras compañías brasileñas no vinieran respaldads por investigaciones de fuera, provenientes  de la justicia de Brasil, Suiza, y los Estados Unidos, aquí sencillamente no pasaría nada. Nada. Nuestro sistema de justicia, por sí mismo, no da la atalla. No tiene el nervio, el ánimo. Vamos, los cojones.

Y es que este sistema de justicia es endeble y propenso a la corrupción, y esto se hace aún más evidente cuando debe actuar frente a alguna forma de poder político o económico. Esto no es algo nuevo. Siempre ha sido así. Cuando era estudiante, ya sabíamos muy bien cuál era la trsite realidad del sistema de justicia y sabíamos que eso venía desde tan antoguo como la época de los virreyes, que las dictaduras y oligarquías de la república no habían hecho más que empeorar y extender a todo nivel político y social. Que uno de los más grandes males del Perú era presisamente su aparato de justicia, uno de los mayores obstáculos a toda posibilidad de transformación y progreso.

Treinta años después de dejar las aulas, es triste comprobar que las cosas casi no han cambiado para bien. El sistema en su conjuntp sigue siendo un lastre nacional, infestado de corrupción, capturado por distintos círculos de poder. Por aquí y allá, felizmente, no faltan los magistrados honrados y limpios, estudiosos y objetivos, compromtidos y a la vez equilibrados.  


Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 27 de enero de 2017.

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